Rechazo de probation para los defensores ambientales: «Nos están diciendo que a los funcionarios no se los toca»

El abogado defensor René Amsler confirmó que el Poder Judicial rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba, conocido como probation, para dos de los siete defensores ambientales procesados tras las protestas contra la autovía de Punilla en 2022. El juicio oral está previsto para avanzar a partir del 18 de diciembre. Amsler explicó que la solicitud de probation era una herramienta para evitar un proceso judicial extenso, ofreciendo tareas comunitarias como una reparación simbólica. «Se evita todo un proceso. La comunidad y la gente tiene que entender que estos son procesos muy complejos, muy pesados, mucho salario, mucho honorario, muchas cosas dando vuelta», afirmó el letrado.

Los hechos por los que se los imputa se desarrollaron en el contexto de una protesta. Amsler relató que la situación fue «puramente verbal» y se generó al cruzarse con un funcionario público al que se le habían solicitado audiencias e informes sin obtener respuesta. «Esto fue un poco lo que ocurrió en esta circunstancia», detalló, y desmintió la acusación de amenazas: «Es absolutamente falso, no hubo ningún tipo de amenaza». El abogado sostuvo que esta figura jurídica se utiliza porque los funcionarios públicos no pueden ser procesados por calumnias, y acusó una manipulación de los testimonios.

Respecto al rechazo a la probation, Amsler fue contundente al señalar que la fiscalía invocó un argumento de «política criminal». Según su relato, la fiscal de Cámara, cuya opinión es vinculante para el juez, reconoció que se cumplían todos los requisitos para acceder al beneficio, pero lo denegó explícitamente por esta razón. «Lo que nos está diciendo, concretamente, es que es un tema de política criminal, y vamos a perseguir y procesar, y no le vamos a aceptar ni siquiera la suspensión del juicio a prueba, a aquellos que se atrevan a molestar a los funcionarios», declaró.

La propuesta de probation que presentó la defensa incluía tareas de reparación ambiental directamente vinculadas al origen del conflicto, como labores de preservación en la ribera del río Cosquín y en la Reserva Natural Río Yuspe-Cosquín. Sin embargo, Amsler consideró que el rechazo envía un mensaje claro: «Es como ponerle una gran campana de cristal a los funcionarios». Para el defensor, la decisión tiene un objetivo disciplinador hacia la comunidad. «Hay un objetivo, una mirada disciplinadora hacia el resto de la comunidad», afirmó.

Amsler concluyó que, más allá del resultado, la estrategia de la defensa logró que la intención persecutoria se volviera explícita. «La estrategia hizo que se volviera explícito, el derecho a la protesta está siendo judicializado», sentenció. A pesar de anticipar que el camino judicial será arduo, valoró la posibilidad de haberlos hecho «hablar». «Les hicimos escribir, y lo están escribiendo, y nos están diciendo: sí, los vamos a perseguir igual», manifestó el abogado, dejando en evidencia lo que él interpreta como un uso del sistema penal para disuadir la protesta social.